La Ley 25/2013 tiene por objeto impulsar el uso de la factura electrónica

La Ley 25/2013 tiene por objeto impulsar el uso de la factura electrónica

La facturación electrónica consiste en la transmisión de facturas a través de medios electrónicos y telemáticos entre emisor y receptor, cumpliendo los requisitos legales y reglamentariamente exigibles, y garantizando la legibilidad de la factura, la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido.

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, en vigor -con determinadas excepciones- a partir del 17 de enero de 2014, tiene por objeto impulsar el uso de la factura electrónica, crear el registro contable de facturas, regular el procedimiento para su tramitación en las Administraciones Públicas y las actuaciones de seguimiento por los órganos competentes, y será de aplicación a las facturas emitidas en el marco de las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas.

 

¿Y cuáles son las principales novedades de la Ley 25/2013?

La entrada en vigor de la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas para el Sector Público es de aplicación en las facturas emitidas en el marco de las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas.

Si bien la obligatoriedad del uso generalizado de la factura electrónica tiene un periodo de adecuación e implantación hasta el 15 de Enero del 2015, el Registro Contable de Facturas es ya de obligado cumplimiento.

La Intervención General de la Administración del Estado ha publicado un estudio completo de la forma de adaptarse a esta Ley, a efectos de modernizar y agilizar las Administraciones Públicas, controlando la morosidad y logrando una mayor confianza en las cuentas públicas del Estado.

Entre las principales novedades destacan las siguientes:

  • El proveedor que haya expedido una factura, electrónica o en papel, tendrá la obligación de presentarla ante cualquier registro administrativo en el plazo de 30 días desde la fecha de entrega efectiva de los bienes o la prestación de servicios. Las Administraciones Públicas no podrán exigir su envío en papel.
  • La ley obliga a utilizar la factura electrónica y a presentarla a través del punto general de entrada que le corresponda según la Administración Pública, a partir del 15 de enero de 2015, a las siguientes entidades: Sociedades anónimas (SA), Sociedades de responsabilidad limitada (SRL), personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española, establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la normativa tributaria, Uniones temporales de empresas (UTE), agrupación de interés económico, agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones. No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros y a las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las Administraciones Públicas hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto general de entrada de facturas electrónicas.
  • El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un punto general de entrada de facturas electrónicas a través del cual se recibirán todas las facturas electrónicas que correspondan a entidades, entes y organismos vinculados o dependientes, así como un registro administrativo de facturas y un registro contable de facturas. Las facturas electrónicas que se remitan a las Administraciones Públicas deberán tener un formato estructurado y estar firmadas con firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido. También se admitirá el sello electrónico avanzado basado en un certificado reconocido que identificar a la persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica que selle la factura electrónica.
  • Las empresas prestadoras de servicios al público en general de especial trascendencia económica a que alude el artículo 2.2 de la Ley 56/2007 (Servicios de comunicaciones electrónicas a consumidores, servicios financieros destinados a consumidores, servicios de suministros de agua a consumidores, servicios de suministros de gas al por menor, servicios de consumo eléctrico a consumidores finales, servicios de agencia de viajes, servicios de transporte de viajeros y actividades de comercio al por menor), deberán expedir y remitir facturas electrónicas en sus relaciones con empresas y particulares que acepten recibirlas o que las hayan solicitado expresamente. Las obligaciones previstas en este artículo no serán exigibles hasta el 15 de enero de 2015. Este deber es independiente del tamaño de su plantilla o de su volumen anual de operaciones. No obstante, las agencias de viaje, los servicios de transporte y las actividades de comercio al por menor sólo están obligadas a emitir facturas electrónicas cuando la contratación se haya llevado a cabo por medios electrónicos. Las empresas que, estando obligadas a ello, no ofrezcan a los usuarios la posibilidad de recibir facturas electrónicas o no permitan el acceso de las personas que han dejado de ser clientes, a sus facturas, serán sancionadas con apercibimiento o una multa de hasta 10.000 euros.

 

¿Está tu empresa preparada para facturar electrónicamente a partir de enero de 2015?

 

© Imagen superior publicada por Stuart Miles en freedigitalphotos.net bajo licencia estándar

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